Poco más de ochocientas firmas han recogido tanto IULV-CA y Equo en la campaña puesta en marcha por ambas formaciones relativas a la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas de alcantarillado, suministro de agua potable, depuración de aguas residuales y recogida de basura industrial. Los portavoces de ambos partidos, Francisco David Anguita por IU y Juan Jesús Cruz por Equo presentaron a la alcaldesa de la ciudad, una serie de alegaciones que han ido acompañadas por las 816 firmas recogidas durante todo el mes.

Ambos partidos aseguran que las alegaciones se han presentado dentro del plazo legalmente establecido y en base al contenido del artículo 49.b de la ley 7/1995, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Así, exigen al consistorio bailenense que dé marcha atrás a las subidas de las tasas antes mencionadas “ya que en muchos casos van a producir un mayor endeudamiento aún de numerosas familias de Bailén para hacer frente al pago de los respectivos recibos, contribuyendo así el equipo de Gobierno municipal a incrementar la miseria”, aseguran en un comunicado.

De igual forma, tanto Equo como IU piden que el ayuntamiento prime los servicios públicos frente al pago de la deuda, así como que la tasa por suministro de agua se modifique para introducir en las tarifas el consumo Per cápita, de forma que la progresividad de los diferentes bloques de consumo se establezca en función del número de personas que se abastecen de cada contador de agua. Otra de las alegaciones presentadas busca la reducción de la tarifa para las familias con bajos o nulos recursos económicos, en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Finalizan proponiendo que la gestión del agua sea de dominio público “sin intermediarios de ninguna clase” oponiéndose tanto a la gestión privada como mixta.

Supresión de peonadas

Por otro lado, la Asamblea Local de Izquierda Unida LV-CA ha iniciado una nueva campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno de España la urgente puesta en marcha de una serie de medidas dirigidas a los trabajadores del medio rural de Andalucía y en especial de la provincia de Jaén, ante los graves efectos que se prevén como consecuencia de la mala cosecha de aceituna. En su propuesta IU plantea cero peonadas para que los trabajadores del campo puedan acceder al subsidio agrario, así como un plan de empleo extraordinario a la Junta de Andalucía y al Gobierno central.